En los pasillos del Parlamento, donde las leyes suelen tallarse con la pesadez de la piedra, el tiempo ha comenzado a comportarse de una manera extraña. Ya no avanza en línea recta ni respeta los calendarios electorales que los mortales consideran sagrados. Al igual que en esos pueblos donde la lluvia puede durar cuatro años o los muertos regresan a conversar en la cocina, en nuestra escena política las reglas del juego democrático se transforman en la víspera, con la misma naturalidad con la que el viento cambia de dirección.
Existe un dogma de fe en la democracia moderna: la veda normativa. "Como ustedes saben, cuando hay un proceso electoral, no se pueden cambiar las reglas del juego, porque ya está en marcha el proceso electoral". Es un pacto de caballeros, una línea en la arena. Sin embargo, bajo el cielo de este Congreso, las líneas se borran solas. Con un proceso municipal y regional en marcha para octubre, el lunes 15 de junio amaneció con una de esas apariciones que desafían la lógica del sentido común: la Ley 32657.
A primera vista, la norma parecía un trámite inofensivo para garantizar la renovación de autoridades locales. Pero la magia —o la trampa— siempre habita en el detalle imperceptible, en ese contrabando de medianoche donde las leyes adquieren propiedades elásticas.
"¿Cómo así? Una ley que es para modificar la ley de elecciones municipales, nada más que habla sobre nulidades por graves irregularidades, tiene una disposición complementaria modificatoria que modifica un artículo de la Ley de Organizaciones Políticas".
El truco de prestidigitación legislativa operó sobre un asunto de supervivencia pura: las causales de cancelación de la inscripción de un partido. Hasta el domingo, la realidad exigía un 50% de participación en las circunscripciones regionales para no perder el registro. El lunes, por obra y gracia de un dictamen introducido "a toda bala" por la Comisión de Constitución, el paisaje cambió. El requisito del 50% se encogió mágicamente hasta el 30%.
Este quiebre de la física electoral no responde al azar, sino a una necesidad aritmética muy concreta y con nombre propio.
"Porque resulta que Fuerza Popular solo tiene candidatos en 10 regiones. Con la norma anterior necesitaba candidatos en 13 regiones y no tiene candidatos en 13 regiones. Se le cayeron".
El riesgo era el olvido burocrático: perder la inscripción, ver esfumarse el financiamiento público directo y enfrentar el calvario de recolectar millones de firmas bajo las nuevas y rígidas reglas que ellos mismos diseñaron en el pasado. Ante el abismo de la desaparición, la realidad simplemente se editó. Si el partido no alcanza las regiones que la ley exige, no se buscan más candidatos; se encoge la ley para que encaje el partido.
Lo más asombroso de este realismo mágico normativo no es la audacia del acto, sino el silencio espeso que lo cobijo. "Pasó colado, suavecito". Mientras la opinión pública miraba hacia las plataformas digitales caídas y las prórrogas logísticas, el Congreso reescribía las condiciones de su propia subsistencia en un fin de semana de febril actividad.
Modificar las reglas de una competencia mientras los corredores ya están en la pista es una transgresión profunda a la institucionalidad, un sortilegio que despoja a la democracia de su predictibilidad. Hoy, la política local demuestra que las leyes ya no se dan para regular la realidad, sino para salvar de sus propios errores a quienes las redactan. Al final, en este territorio de normas mutantes, la única certeza que queda es que la regla siempre será flexible para el dueño del tablero.
NPM/UDI/JCR
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